El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha condenado este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión, acusado de liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Se trata de una condena sin precedentes en la historia democrática brasileña, marcando un punto de inflexión en la política del país.
La sentencia contra Bolsonaro fue respaldada por los magistrados Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cristiano Zanin, quienes consideraron que existía un "universo robusto" de evidencias que vinculaban al exmandatario con una conspiración para desconocer los resultados electorales y desestabilizar las instituciones democráticas de Brasil.
Entre los delitos por los que fue condenado se encuentran:
Organización criminal armada (en calidad de líder)
Intento de abolición del Estado democrático de derecho
Golpe de Estado
Daños calificados por violencia
Atentado contra el patrimonio protegido
El magistrado Luiz Fux, único voto disidente, propuso anular el proceso alegando falta de competencia del STF, pero su posición no tuvo efecto en la resolución final.
La defensa de Jair Bolsonaro anunció que apelará la sentencia, incluso ante instancias internacionales. En un comunicado, el asesor del exmandatario, Fábio Wajngarten, calificó el fallo como excesivo y desproporcionado.
Presentaremos los recursos correspondientes, incluso a nivel internacional, señaló Wajngarten.
El proceso judicial ha generado una intensa controversia política, tanto en Brasil como en el exterior. Desde Estados Unidos, el expresidente Donald Trump uno de los principales aliados de Bolsonaro comparó la sentencia con lo ocurrido en su país tras el asalto al Capitolio:
Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo. Él era un buen hombre, declaró Trump.
La condena a Bolsonaro está directamente relacionada con los disturbios ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores del expresidente invadieron el Congreso Nacional, el Supremo Tribunal y el Palacio de Planalto, intentando impedir el inicio del mandato de Lula da Silva.
Este asalto fue ampliamente comparado con el ataque al Capitolio en EE.UU. en 2021, y para muchos, fue la prueba definitiva de la participación de Bolsonaro en un plan golpista para permanecer en el poder.
Junto con Bolsonaro, el STF también condenó a siete excolaboradores, entre ellos cuatro generales de alto rango, por participar en la trama:
Augusto Heleno, exministro de Seguridad Institucional
Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira, exministros de Defensa
Almir Garnier, excomandante de la Marina
Estas condenas marcan un hito, ya que nunca antes oficiales de tan alto rango habían sido sentenciados por conspirar contra la democracia en Brasil.
Según la Procuraduría General de Brasil, el intento de golpe comenzó a planearse desde 2021, luego de que Lula recuperara sus derechos políticos. A partir de entonces, Bolsonaro lanzó una campaña de deslegitimación del sistema electoral, cuestionando sin pruebas la confiabilidad de las urnas electrónicas.
Las investigaciones revelaron que algunos de sus asesores incluso elaboraron documentos con planes para arrestar jueces del Supremo y convocar nuevas elecciones bajo un régimen de excepción.
Tras el veredicto, figuras del Partido Republicano de EE.UU., como Marco Rubio, calificaron la condena como una "persecución política" y criticaron duramente al magistrado Alexandre de Moraes, quien lideró el caso. Moraes incluso fue sancionado por EE.UU. bajo la Ley Global Magnitsky, que castiga violaciones a los derechos humanos.
Además, el expresidente Trump anunció aranceles del 50% a productos brasileños como represalia por lo que llamó una caza de brujas contra su aliado Jair Bolsonaro.
La condena a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado no solo marca un precedente jurídico en Brasil, sino que también reconfigura el escenario político nacional e internacional. La sentencia, que combina cuestiones judiciales, militares y diplomáticas, podría tener efectos duraderos en la democracia brasileña y en la política de la región.
El caso también deja al descubierto el riesgo que enfrentan las democracias ante líderes populistas que buscan socavar las instituciones cuando los resultados electorales no les favorecen.