La elección del Tribunal de Disciplina Judicial en el Estado de México representa un hecho histórico: por primera vez, la ciudadanía podrá elegir mediante voto popular a las y los magistrados que supervisarán el desempeño de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de México (PJEDOMEX). Este nuevo órgano autónomo contará con independencia técnica, de gestión y decisión, y será clave para fortalecer la rendición de cuentas en el sistema judicial.
Este tribunal estará conformado por cinco magistradas y magistrados, quienes tendrán la responsabilidad de investigar, resolver y sancionar faltas administrativas cometidas por servidores públicos del ámbito judicial. Las personas electas no podrán haber cometido delitos dolosos, violencia de género ni tener conflictos de interés, y su periodo será de seis años, sin posibilidad de reelección.
Uno de los candidatos que participa en esta inédita elección es Francisco Medina, quien busca representar al Estado de México en este tribunal. Con una sólida formación en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y una Maestría en Administración Pública, Medina ha enfocado su campaña en propuestas que buscan reconstruir la confianza ciudadana y garantizar una justicia verdaderamente transparente.
Entre sus propuestas destaca el Programa de Justicia Disciplinaria Abierta e Itinerante, una iniciativa que pretende acercar los mecanismos de denuncia a la ciudadanía y operadores jurídicos a través de foros abiertos y jornadas itinerantes en diferentes distritos judiciales del Estado de México.
Durante el primer año, Medina propone realizar encuentros en regiones con alta carga procesal o señalamientos por irregularidades, con el fin de detectar áreas de mejora en la actuación judicial. En el segundo año, se consolidará una red de justicia itinerante que promueva una cultura de denuncia responsable y fomente la transparencia institucional.
Esta propuesta busca que litigantes, servidores públicos, académicos y ciudadanos tengan un espacio para expresar inquietudes y participar activamente en el fortalecimiento del sistema judicial. Además, impulsa los principios de justicia abierta, imparcialidad, participación social y transparencia judicial.